Las políticas de vivienda social de Ada Colau se mueven en los estrechos márgenes del sistema

Oublicado en PROU ESPECULACIO de Salva Torres.

Las políticas de vivienda social de Ada Colau se mueven en los estrechos márgenes del sistema

Ante la inminencia de las elecciones municipales convocadas para el 26 de mayo, resulta conveniente ir haciendo balance de la gestión del gobierno municipal encabezado por Ada Colau en el ámbito de la política de vivienda y de los retos que tendrá que afrontar el nuevo equipo consistorial que surja de la trepidante noche electoral.

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    • La UCER –Unidad contra la exclusión residencial por pérdida de vivienda- atendió en dos años la pírrrica cifra de 1476 hogares.
    • Las Oficinas de Vivienda hicieron 5.475 mediaciones para evitar la pérdida de la vivienda habitual.
    • Según los datos del decanato de los juzgados de Barcelona, si sigue la tendencia actual, el año 2019 podría cerrarse con unos 2400 desahucios, de los cuales el 83,4% son por impago de alquiler, en una ciudad donde el 38% de los hogares viven de alquiler y el 98,5% de los contratos de arrendamiento se hacen en el mercado “libre”.
    • Más de 125.000 familias están inscritas en el registro de solicitantes de vivienda protegida en Cataluña a la espera de la concesión de una vivienda (*2).

No es oro todo lo que  en la medida estelar de reserva del 30% de vivienda de protección oficial (VPO).

Más allá de las sonadas compras de edificios y viviendas (514), tirando de talonario y usando el derecho de tanteo y retracto, la mediática medida estrella del gobierno de Colau –la reserva del 30% para VPO, aprobada ampliamente en el consistorio por BEC, ERC, PSC, CUP y PDCAT- tenía una “pequeña” trampa que fue omitida en la propaganda institucional: serán los promotores privados los que decidirán si esta vivienda nueva será de venta –lo más probable por razones históricas y de rentabilidad- o de alquiler social. De este pequeño matiz, oculto en la letra pequeña –a la espera en todo caso del recurso que los promotores han interpuesto en los juzgados contra la socializante medida- podemos inferir que los promotores de la iniciativa (la PAH y el Sindicato de Inquilinos en lugares destacados) no nos han dicho toda la verdad.

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El buque insignia de la nueva política de vivienda del ayuntamiento del “cambio”, la reserva del 30%, incluyó cuatro sutiles condiciones para que se aprobará en el Ayuntamiento con la mayoría suficiente:

    1. La aprobación final de la medida fue posible sólo porque desde el inicio de su tramitación la dirección de Barcelona en Común renunció a que las viviendas fueran obligatoriamente de alquiler social o cooperativo como recogía explícitamente su programa de gobierno(*3) y nuestra Asociación reivindicó infructuosamente en su momento. Lamentablemente para el futuro del alquiler social a la ciudad, sin este pequeño detalle la iniciativa no tenía apoyo suficiente en la votación, tal como el propio ayuntamiento reconoce con la boca pequeña en su web (*3bis).
    2. La segunda condición es que, en cualquier caso, los promotores afectados han de recibir una subvención por hacer pisos VPO que habría que negociar con la Generalitat –cosa que hizo la alcaldesa a los pocos días rindiendo visita al molt honorable Quim Torra-.
    3. La tercera constatación es que, a pesar de las buenas intenciones reguladoras del ayuntamiento, todo el mundo sabe que si, salvando los obstáculos descritos, las VPO fueran finalmente de alquiler, eso no sería óbice alguno para que al cabo de 25 años -como recoge la neoliberal legislación española- pasasen al mercado libre dejando en papel mojado los tímidos intentos socializadores.
    4. Y, por último, con la redacción actual y a la espera del recurso, la reserva del 30% no servirá para la población más pobre de la ciudad, la más necesitada de vivienda social, al no tener un perfil financiero solvente para solicitar una hipoteca. Curiosos daños colaterales: en última instancia y a su pesar, la izquierda acaba sirviendo en bandeja un suculento negocio a la banca privada.

Por último, destacar que la socorrida excusa, ampliamente utilizada por el actual equipo consistorial, de la absoluta minoría en la que se encuentra como justificación de las medidas adoptadas carece asimismo de fundamento: la propuesta de impulsar una VPO de alquiler a 25 años, de promoción privada pero sin opción de venta, era perfectamente posible porque BEC, ERC, PSC y la CUP hubieran conformado una mayoría más que suficiente (22 de 41) para aprobarla. Sin duda, tal omisión suscita algunas preguntas incómodas. En una ciudad con una aguda y creciente emergencia habitacional podemos afirmar que el papel de todos los grupos municipales ha sido –por usar un adjetivo más bien suave- deplorable. Pero, aunque llueve sobre mojado, es doblemente dolorosa la renuncia de la “izquierda” a imponer al lobby promotor de la capital de Cataluña la reserva del -nada ambicioso- porcentaje de alquiler social en la construcción de vivienda nueva de protección oficial. El miedo de BCN en Común a presentarse a las inminentes elecciones sin una medida “estrella” que ocultara su impotencia en paliar siquiera el problema de fondo de la violencia inmobiliaria que sufre Barcelona ha hecho que se primaran los efectistas titulares en la prensa sobre la cruda realidad de los hechos. La misma portavoz de la PAH Barcelona no tenía más remedio que reconocer con la boca pequeña la inobjetable realidad de los hechos que denunciamos. (*4).

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