La última estocada judicial del ‘todo es ETA’

  • Este sábado miles de personas recorrerán las calles de Bilbao para oponerse al macrojuicio que arranca la próxima semana. Una vista oral en la que están citadas por los delitos de integración en banda armada, financiación y enaltecimiento del terrorista 47 personas que formaban parte de las organizaciones de asistencia legal, social y psicológica de los presos de ETA.
  • Un sumario que, a juicio de las diferentes voces consultadas por este semanario, se enmarcan dentro de la doctrina del todo es ETA, lo supuso, por ejemplo, la clausura de voces mediáticas como Egunkaria.

Para Moisés Pérez  14/09/2019

El lenguaje de las pistolas callaba de raíz. Con el cese de la violencia por parte de ETA en 2011, forzada por el cambio de estrategia que se había producido durante años a la izquierda abertzale y por la presión policial del Estado y de los servicios de inteligencia españoles, se habían acabado los tiros en la nuca, las explosiones en plena luz del día y las desapariciones clandestinas para enterrar cuerpos en cal viva. La rabia, el dolor y el odio agüe para transformarse en diálogo, convivencia y normalidad con el paso inexorable e inevitable del calendario.

Cuando sólo quedaba un mes para conmemorarse los dos años de aniversario del adiós a la actividad armada de ETA , la Audiencia Nacional ponía en marcha una operación judicial con la que parecía volver épocas pretéritas. A las órdenes del magistrado conservador Eloy Velasco, la Guardia Civil registraba en septiembre de 2013 las diferentes sedes que tenía la plataforma Herrira, nacida en 2012 y dedicada a realizar tareas de apoyo y solidaridad con los presos vascos y los familiares de los miembros de la organización armada. En aquella operación, se detendrían 18 personas a las que se les imputaba los presuntos delitos de integración en ETA, enaltecimiento del terrorismo y financiación del terrorismo.

«Se trata de un tentáculo de ETA», afirmó el entonces ministro de Interior, el conservador y miembro del Opus Dei Jorge Fernández Díaz , el cual estaría señalado poco después para impulsar supuestamente las cloacas policiales que fabricaron informes y pruebas falsas para incriminar dirigentes independentistas catalanes y formaciones de izquierdas como Podemos. «El Estado de derecho no está en suspenso y el Gobierno no deja de realizar todo lo que tiene que hacer para conseguir la disolución de ETA. No basta con el cese definitivo de su actividad terrorista, sino debe seguir la disolución », proclamaba una vez se había ordenado la suspensión de actividades de Herrira y el cierre de un centenar de cuentas de correo, páginas web, blogs, usuarios de Twitter y Facebook, así como la retirada del pasaporte de los detenidos.

La reacción del nacionalismo y el soberanismo vasco fue inmediata. De manera prácticamente inédita, PNV y EH Bildu acordaron un comunicado conjunto en el que denunciaban que el Gobierno de Mariano Rajoy, «sabiendo que ETA anunció hace casi dos años el cese definitivo de su actividad armada […] trata de recuperar la idea de que la actividad de esta organización perdura ». En la declaración conjunta aprobada en el Parlamento vasco, criticaban «la estrategia política-judicial del Gobierno, que emplea instancias judiciales como la Audiencia Nacional para activar la tesis del todo es ETA». Incluso, los socialistas vascos se sumaban a la crítica en otro texto de repulsa, así como la coalición que cobija las diferentes sensibilidades de la izquierda abertzale en el Ayuntamiento de San Sebastián. El ex dirigente del PSE, Jesús Eguiguren, uno de los artífices de la paz en Euskal Herria, calificaba la razzia «de auténtico disparate jurídico y político».

El llamado sumario 11/13, pero, sumaría más encausados, y llegaría a la cifra de 47 personas. En enero de 2014, el instituto armado esposado ocho personas que actuaban de intermediarias entre los colectivos de apoyo a los presos y los diferentes agentes sociales, sindicales y políticos vascos. Dentro de esta razia de las fuerzas de seguridad, s’escorcollen los despachos de varios letrados, un hecho que provocaría la queja del mismo Decano del Colegio de Abogados de Vizcaya por no preservar los derechos fundamentales. 12 meses más tarde se produciría de nuevo policial en la red de solidaridad con los presos de ETA : la benemérita detendría cuatro personas más. Incluso, s’escorcollaria la sede del sindicato abertzale LAB en Bilbao. Las actuaciones judiciales se completarían en marzo de 2015 con la detención de dos miembros del colectivo Etxerat, que cobija familiares de los encarcelados, y otros dos de Jaiko-Hadi, una organización dedicada a la asistencia médica y psicológica de los encarcelados.

Después de casi cuatro años desde la primera redada de la Guardia Civil contra la red de solidaridad del mundo abertzale con los presos de ETA, la Audiencia Nacional acogerá la próxima semana el juicio contra los 47 procesados. Acusados de ejercer de correa de transmisión entre el grupo armado y los reclusos de ETA, según los informes de la benemérita, Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), solicitan penas de entre ocho y veinte años de prisión. La AVT, de hecho, se personó cuando producirse la primera razia policial argumentando que Herrira «no se arrepentía de los crímenes de ETA, no renegaba de la organización terrorista y se mantenía bajo su disciplina, justificando los delitos cometidos y ensalzando su ideario ».

Una tesis que comparte el magistrado Velasco, el cual señala a su auto de procesamiento que los encausados empleaban el grupo de coordinación, denominado Koordinazio Taldea, por «dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de prisiones, garantizando así la cohesión de sus miembros y la fidelidad ». «Eran plenamente conscientes de su dependencia de ETA», resalta el togado, aunque entonces la organización violenta había cesado sus actividades armadas. «Su objetivo era homenajear y enaltecer los terroristas de ETA», complementa la AVT en su querella inicial.

Como respuesta al juicio del sumario 11/13, diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales del conjunto de los territorios vascos ha organizado una manifestación este sábado en Bilbao para denunciar el macrojuicio. Una vista oral basada en unas razias policiales que, según los acusados, «vulneraron los derechos a la libertad por el abuso de la prisión provisional; el derecho de asociación por el cierre de cuentas en las redes sociales; el derecho de reunión para prohibirse manifestaciones; el secreto profesional para confiscar sin autorización judicial documentos profesionales; el derecho a la defensa por registros sin la asistencia legal; el derecho de integración física y psíquica para permanecer algunos acusados ​​entre dos y tres años en régimen de aislamiento, o el derecho de libertad de expresión para clausurar webs bajo sospecha de tener relación con Herrira ». «El proceso, en su conjunto, es una aberración jurídica que vulnera los derechos fundamentales», apunta Amaia Izko, abogada procesada al juicio.

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«Nos están encausado por nuestra actividad pública y transparente de asesoría legal a los presos vascos, así como para la asistencia social, médica y psicológica a los mismos reclusos», señala la letrada que defiende, a su vez, algunos de los jóvenes acusados por la pelea en un bar de Altsasua , que quedan encarcelados desde 2016. «nuestra tarea era notoria y pública. Nos procesan con documentos o papeles que son anteriores a la creación de la plataforma Herrira. Como también nos acusan de formar parte de una organización que había hecho su despedida dos años antes », defiende. «Este macrojuicio responde a una estrategia para obstaculizar el proceso de paz y la normalización con golpes represivos que nos retrotraen a épocas y escenarios pasados ​​y olvidados. El objetivo es atacar a los presos, ya que su existencia es una cuestión incómoda para el Estado, debido a los efectos de la dispersión que sufren sus familiares », agrega Izko, quien insiste en calificar la causa «de aberración jurídica», apunta que este juicio «es clave porque es el primero que se celebra tras la disolución de ETA». Ahora bien, considera que todo el procedimiento judicial es «producto de un tiempo pasado». «Es anacrónico», comparte Paul Ríos, activista por los derechos humanos en el País Vasco . «Esta vista oral nos retrotrae a un escenario que debería estar superado y que, afortunadamente, en Euskadi se ha superado con una normalización que, a pesar de las dificultades, marcha a un ritmo más acelerado de lo previsto», asegura. «El procesamiento de unas personas por su actividad pública y por sus ideas parece una vuelta al pasado. En el País Vasco, las mayorías sociales para la paz son tan anchas que habrá un desencaje entre la realidad actual y lo que vamos a vivir en sede judicial », censura.

Como participante del proceso de Paz que se ha dado en el País Vasco, Ríos expresa que «la impresión generalizada sobre Herrira era que actuaban públicamente y con transparencia». «Es más, se habían emprendido contactos con sectores de la sociedad vasca con los que estos colectivos habían sido tradicionalmente alejados mientras ETA actuaba», indica. «Estas organizaciones, además, habían abandonado sus posturas anteriores de justificación y defensa de la violencia». Una transversalidad en la reivindicación de los derechos de los presos de ETA que ha provocado que más de 150 personalidades piden detener el proceso judicial que se inicia el próximo lunes. Entre ellas, destacan los exlendakaris Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea, los escritores Bernardo Atxaga y Toti Martínez de Lezea, el profesor universitario Francisco Letamendia , el jugador del Athletic de Bilbao Mikel San José o el cantante Fermín Muguruza .

«Es evidente que este procedimiento judicial está enmarcado dentro de la estrategia del todo es ETA, la cual sirvió para criminalizar aquellos sectores sociales, políticos y sindicales que no compartían las tesis de la derecha o el socialismo español, como Geroa Bai» , reprocha Koldo Martínez, parlamentario en la cámara navarra de Geroa Bai y miembro de la asociación cívica Zabaltze, la que nació para defender los derechos humanos y se opone a cualquier expresión terrorista. «Nosotros hemos firmado un texto que manifiesta la inquietud por el procedimiento dado que estas personas han desarrollado y desarrollan una actividad pública voluntaria o profesional en el ámbito de los derechos de los presos, por lo que se pueden estar enjuiciando actividades amparadas por el legítimo derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación », afirma.

El investigador especializado en comunicación y miembro de Alternatiba, una formación surgida de una escisión del referente vasco de Izquierda Unida y que actualmente se integra a la coalición abertzale EH Bildu, Jonathan Martínez, coincide en señalar que esta actuación judicial « está enmarcada dentro de la estrategia puesta en marcha por Garzón del todo es ETA ». «Se trata de la teoría del entorno de ETA, con la que pueden imputarse té para formar parte del grupo armado cuando sólo desarrollas una tarea de apoyo y solidaridad, por ejemplo, con los familiares de los presos, que se unen para poder sufragar los viajes a las cárceles dentro de la sangría de la dispersión », expone. Y denuncia: «El sumario es tan loco que encausa a personas que desde su función de abogados trabajó para que los presos se posicionaron a favor de que ETA plegará su actividad armada». «La operación era un intento por parte del Estado de obstaculizar el proceso de paz», remata.

«El procedimiento judicial, el cual se enmarcaba sin duda en la estrategia del todo es ETA , tenía una intencionalidad muy concreta: aislar a los presos a través de una acción policial que pudiera desmantelar la red de solidaridad que hay alrededor de ellos. No en vano, los presos son el elemento más incómodo para el Estado a raíz de que ETA pliega », expone Nora Miralles , investigadora en conflictos armados en el Centro Delàs de Barcelon a. «Con esta operación, se intentaba, además, reforzar el marco mental y el relato que había distribuido el Gobierno español del PP, quien difundía que el fin de la actividad armada de ETA era una simple jugada de la organización. De esta manera, querían mostrar que ETA aún estaba viva », detalla.

Esta vez judicial contra los colectivos que asistían a los presos de la desaparecida organización armada también tenía otro objetivo. O, al menos, así lo argumenta Miralles: «La oposición a la dispersión de los presos y la excarcelación de aquellos con enfermedades crónicas son demandas asumidas por amplios sectores de la sociedad vasca. Además, Herrira había incorporado este discurso más transversal en contraposición a los mensajes que tradicionalmente habían tirado estos colectivos, como las Gestoras pro-amnistía. Incluso, se habían hecho encuentros con víctimas de ETA y algunas de ellas habían acudido a manifestaciones de Herrira contra la dispersión ». «La razzia policial intentaba desmontar estas nuevas complicidades con acusaciones inverosímiles como imputar que un familiar de un miembro de ETA formaba parte de la estructura armada para mostrar su solidaridad», razona.

Aunque asociaciones de víctimas como la AVT, acusación particular que se ha alineado con las tesis de la Audiencia Nacional, y otros afectados por la actividad de ETA, tienen una opinión crítica sobre este procedimiento judicial. «Es cierto que determinados abogados han sido tradicionalmente la correa de transmisión entre la banda terrorista y los presos etarras, pero creo que este juicio es una especie de anacronismo. No hay que olvidar ETA, combatir la impunidad de los crímenes sin resolver. Ahora bien, este tipo de actuaciones judiciales están desfasadas con los tiempos que se viven en el País Vasco. Como lo están los discursos de la derecha, que a pesar de ser legítimos, intentan resucitar la pesadilla de ETA por rentabilidad electoral », afirma Gorka Landaburu, director del semanario Cambio 16.

«En 30 años que llevo acudiendo a juicios sobre terrorismo nunca se me ha podido pasar por la cabeza que los abogados sean etarras. Un letrado puede defender una persona aunque no comparta ideológicamente nada con su cliente. Es cierto que, en determinados casos, puede haber una cierta coincidencia en algunos aspectos políticos. Ahora, esto no hace que sean terroristas », valora Roberto Manrique, quien fue víctima del atentado de ETA en Hipercor en 1987. Y agrega:« Lo mismo ocurre, evidentemente, con los familiares de los etarras ».

Una visión crítica de un proceso judicial que, a juicio de varios sectores del País Vasco, parece enmarcado en aquella estrategia del todo es ETA , con la que apagarse voces mediáticas de manera impune, como el diario Egunkaria. La Audiencia Nacional será el escenario, según estos agentes plurales de la sociedad de Navarra y Euskadi, de la última estocada de aquella doctrina judicial.

 

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