Declaració de la Llotja de Mar 2019

25 de octubre de 2019

Ante la decisión de la justicia española de condenar a los legítimos representantes del pueblo de Catalunya y a los líderes de las organizaciones sociales que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre de 2017, y frente a la grave restricción que esta sentencia imprimirá a la acción política de ahora en adelante, las fuerzas políticas que suscribimos esta declaración deseamos compartir con nuestros pueblos, así como con la opinión pública del Estado español, la Unión Europea y de los países del mundo, las siguientes reflexiones:

  1. Más de cuatro décadas después de la aprobación de la Constitución Española de 1978 se constata la imposibilidad de una plena democratización del Estado por la resistencia de las viejas estructuras del régimen anterior y por la falta de voluntad política de los grandes partidos españoles. La innegable modernización del Estado en muchos ámbitos no ha llegado a sectores fundamentales para un funcionamiento democrático homologable. Determinados ambientes políticos, judiciales, económicos, policiales y mediáticos han impedido, por acción u omisión, que España se transformase en un Estado plenamente democrático y moderno como los de su entorno europeo.

  1. Durante los últimos años, coincidiendo con la aparición de grandes corrientes políticas, tanto a nivel estatal como de sus minorías nacionales, que han cuestionado el resultado de la Transición, el Estado ha entrado en una etapa de regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo. Esta reacción antidemocrática ha afectado por igual tanto a los diferentes pueblos hoy integrados en el Estado español como a los movimientos de ámbito estatal que piden una modernización del Estado y la superación definitiva del régimen anterior. La restricción de derechos y libertades es, hoy, evidente a los ojos de toda la ciudadanía.

  1. La falta de respeto al derecho a la autodeterminación que España asumió y reconoció al firmar el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos es el corolario de un cada vez mayor compendio de retrocesos democráticos que padecen nuestras naciones: ningún reconocimiento ni respeto a la plurinacionalidad, ninguna separación de poderes, amenazas continuas de suspensión de la autonomía, del autogobierno y de derechos históricos a través de cualquier vía, recorte permanente de nuestros respectivos niveles de autogobierno mediante el intervencionismo del Tribunal Constitucional y una acción legislativa recentralizadora, detenciones arbitrarias de líderes políticos y sociales, persecución policial de activistas y actividades políticas de carácter no-violento, políticas penitenciaras y legislaciones excepcionales, persecución de artistas y publicaciones, etc.

  1. En consecuencia, y muy seriamente preocupados por los graves efectos que tendrán las sentencias contra los líderes políticos y sociales catalanes para el ejercicio de derechos fundamentales de toda la ciudadanía, constatamos la necesidad de alcanzar un acuerdo político para unirnos en la defensa de los puntos siguientes:

A. El derecho a la autodeterminación de nuestros respectivos pueblos.

B. El carácter democrático y pacífico de toda nuestra acción política.

C. La libertad de los presas y presos políticos y el retorno de los exiliados y exiliadas.

D. Las libertades civiles y políticas.

E. Las políticas sociales y económicas que permitan el progreso de nuestros pueblos.

5. Desde la defensa de estos contenidos, asumimos y manifestamos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones democráticas y estables al conflicto político que nuestros pueblos mantienen en el seno del Estado español.

6. Por último, apelamos a la comunidad internacional a posibilitar, apoyar y promover dichas soluciones.

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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