La Ley de Estabilidad Presupuestaria impedirá desde 2020 subir la deuda para poder pagar las pensiones y otras cosas…

 
  • Desde enero entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, un episodio de la Carta Magna que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
  • Trabajo no descarta la subida del 0,25% de las pensiones para el inicio de año.
  • La Constitución obligará a respetar los límites de Bruselas o habrá recursos judiciales.
  • Se abre la puerta a que los Presupuestos sean impugnados

 

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La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Imagen: EFE

España afronta un 2020 en el que poner en marcha unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que permitan dejar atrás las Cuentas que en 2018 aprobara Cristóbal Montoro, va a ser todavía más difícil.

Desde enero entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, un episodio de la Carta Magna que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea, como el ajuste estructural anual del 0,65% al que obliga Bruselas en 2020 o a tener que rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% que marcan las reglas de Bruselas, algo prácticamente posible. De ahí que expertos consultados por este medio alerten de que, en la situación actual, cualquier gasto en el que quiera incurrir el futuro Ejecutivo a través de los Cuentas corre el riesgo de ser recurrido y judicializado.

De esta manera, lo que hasta ahora era un mandato de Bruselas pasa ahora a ser un dictado constitucional. «El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros», reza el artículo que ahora entra en vigor y que convierten en ley nacional las cifras de cumplimiento europeas. Lo que antes era externo al ordenamiento juríridco español, ahora es interno.

Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo y socio de Cremades y Calvo-Sotelo, alerta de las graves consecuencias legales de esta situación. «Entran en vigor los porcentajes específicos que dictaba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es algo que ahora se recoge con unos requisitos cuantificados, con lo que hay una prescripción legal específica y son techos de déficit y endeudamiento que no pueden dejar de cumplir. El semestre europeo fija unas orientaciones vinculantes. Si se tiene un déficit por encima de un porcentaje. ese déficit se tiene que corregir con los Presupuestos, así como el déficit estructural», en cuya formación ha tenido mucho que ver una medida «totalmente extraordinaria», como el rescate bancario.

«No te puedes meter entre pecho y espalda semejante reducción, entre otras cosas porque tienes un montón de deuda prorrateada». Todo esto provoca que «no se pueda aprobar una Ley de Presupuestos. En esta situación, se podrían impugnar medidas de gasto que apruebe el Gobierno y que tuvieran como consecuencia incurrir en un déficit o en deuda. Con este cambio, me puedo llevar por delante un contrato de una línea de alta velocidad si este contrato supusiera un incremento del déficit o de la déuda pública. De entrada no puede incrementar el volumen neto de deuda pública, eso sería radicalmente nulo».

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Esto llevaría a una situación dramática en algunos gastos del Estado. «Los préstamos a la Seguridad Social, por ejemplo, para permitir cuestiones como la paga extra de las pensiones, son imposibles» y afirma que «ninguna entidad que se precie le dejaría dinero a la Seguridad Social si no se asegura que esto está debidamente cubierto por una previsión presupuestaria que tenga cubiertos los máximos de déficit y de endeudamiento.

En su opinión, «nos la vamos a tener que coger con papel de fumar. Los déficits que están acumulados tienen que corregirse. Otra cosa es el nivel de apretura que tengamos. Además, todo tiene que ser realista. Los incrementos impositivos que se plantean son imposibles. Todo gasto tiene que estar justificado con ingresos».

Trabajo no descartaba la subida del 0,25% de las pensiones para el inicio de año.

El mismo 17 de Diciembre de este año la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, no descarta que al inicio del próximo año se aplique la subida del 0,25% para las pensiones ante la imposibilidad de realizar el incremento en relación al IPC real al que se comprometió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante la campaña electoral. En cualquier caso, la decisión no está tomada todavía y está por decidir si se suspende la subida de las pensiones del 0,25% y se suben un 0,9% en 2020, como se comprometió el Gobierno, antes de que acabe el año.

El problema de aplicar la revalorización del IPC reside puramente en los plazos de formación del Gobierno. Desde el Gabinete que dirige Valerio no descartan la posibilidad de aprobar un decreto de urgencia antes de que finalice el año, si bien esta opción se diluye a medida que pasan los días ya que a parte de los trámites ordinarios en el Consejo de Ministros, el impulso de la medida está supeditado a la valoración de la abogacía del Estado.

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«Es un compromiso del Gobierno y del presidente y es el compromiso también del PSOE el que las pensiones se van a subir con el IPC real» apuntaba Valerio a la llegada a unas jornadas sobre el impacto del envejecimiento en el sistema de pensiones organizado este martes por el INSS recordando también que se llegó a acuerdo en el seno del Pacto de Toledo en septiembre de 2018 por parte de todos los partidos políticos.

En este sentido, la titular de la cartera de Trabajo recuerda tal y como se recoge en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas que las pensiones de jubilación y el resto de prestaciones se revalorizaran un 0,9% en línea con la inflación prevista para el conjunto del año.

Aplicación de la medida.

«Si se decide mantener en vigor el artículo 58 de la ley de Seguridad Social computará el 0,25% hasta que se pueda revertir. Pero la decisión aún no está tomada«, apuntaba la ministra sin descartar tampoco la posibilidad de que se emita un real decreto ley similar al de diciembre del pasado 2018 que fijo la subida del presente ejercicio.

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No en vano, la solución final al debate del incremento de las pensiones de será dirimir se en la Comisión del Pacto de Toledo. Un órgano que recuerda la ministra «hay que confirmarlo para llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones» si bien lamenta que no su pudiera rubricar el acuerdo sobre recomendaciones que se cerro en febrero de este 2019 antes de la convocatoria electoral.

Sin hacer los deberes.

En el fondo, el problema está en que no se hicieron los deberes. «Durante estos años las Administaciones Públicas estaban obligadas a haber reducido su endeudamiento a los porcentajes que indica la ley orgánica. Eso no se ha producido, con lo cual arrastramos todo este endeudamiento. Ha habido tímidos intentos, pero no se ha logrado». «La situación es imposible, no se podría cumplir en un ejercicio una reducción de la deuda de tal calado como para estar dentro de los límites que marca la normativa europea, indica Miguel Ángel Martínez Lago, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, este experto no cree que el impacto legal vaya a ser tan elevado como prevé Ruiz Ojeda. «Será siempre un efecto condicionante político» que, bajo su punto de vista, va a servir para que el Estado pueda presionar más a las regiones para cumplir con sus metas de déficit. En cualquier caso, alerta: «No creo que se vayan a ver recursos contra la Ley de Presupuestos, porque se metería al Tribunal Constitucional en un barullo, del que no sería capaz de salir. Son conceptos inmanejables para esta estancia», afirma.

 


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