El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social cuestiona la caja única.

 

 

POSI Carta 771 – Marzo 2020

El gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno vasco anunciaron haber alcanzado un acuerdo para el traspa­so de una treintena de competencias, entre ellas las de gestión de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Sin intervención ni acuerdo sindical, con el rechazo explícito, entre otros, de las asociaciones de funcionarios de la Seguri­dad Social, del Secretario General de UGT y de la asociación de los inspectores de tra­bajo, el gobierno convirtió sus funciones de tutela del sistema en unas potestades de disposición que no tiene.

La sorpresa y rechazo se debe a lo inapropiado que resulta que el gobierno de Madrid y el de Vitoria se reúnan para decidir sobre la suerte del sistema de re­parto de Seguridad Social financiado por cotizaciones sociales. Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu no quieren comprender que la Seguridad Social y su patrimonio no es propiedad de ningún gobierno, de ningún partido, ni del Estado, es propiedad de los asalariados que con sus salarios diferidos la financian y con su esfuerzo y combates de clase la conquistaron.

La asociación de letrados de la Segu­ridad Social hace una firme advertencia sobre la gravedad de la decisión, pues con­sidera que no debería haberse pactado de forma bilateral entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno Vasco.

Ha sido tal el revuelo que al tiempo que, en Bilbao, la ministra de Política Te­rritorial y Función Pública presentaba el acuerdo junto con el consejero vasco de Gobernanza y Autogobierno, debió mani­festar que se aplaza la decisión y conteni­dos del traspaso para el segundo trimestre de 2021. Mientras tanto se tramitará el asunto en el Pacto de Toledo y se ajustarán las materias relacionadas con la gestión de la Seguridad Social que se traspasarán a la Comunidad Autónoma.

El objetivo del PNV es crear una seguridad social vasca.

El objetivo del gobierno vasco es dar pa­sos hasta lograr una seguridad social vas­ca. Lo que supone la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, mecanismo de solidaridad de la clase trabajadora de todo el Estado.

Según el Departamento de Gobernan­za Pública y Autogobierno las materias a transferir, como plan de futuro, y “me­diante la subrogación de las instituciones autonómicas en la posición de la Tesorería General de la Seguridad Social”, abarcaría las siguientes funciones:

  • La inscripción de empresas y potes­tad sancionadora.
  • La Afiliación, altas y bajas de los tra­bajadores y potestad sancionadora.
  • La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social.
  • El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social.
  • La titularidad, gestión y administra­ción de los bienes y derechos sitos en el País Vasco que son patrimonio de la Se­guridad Social.
  • La organización de los medios y el di­seño y gestión de los procesos necesarios para el ingreso de las cuotas y demás re­cursos financieros del sistema de la segu­ridad Social.
  • La ordenación de pagos de las obliga­ciones de la Seguridad Social y la distri­bución de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente dichas obli­gaciones.

La segregación de estas funciones y su trasferencia chocan con el carácter unitario del sistema. La inscripción de empresas, la afiliación, el reconocimiento de prestacio­nes, la gestión de la recaudación, las altas y bajas y movimientos de trabajadores, los planes de lucha contra el fraude, las bo­nificaciones son aspectos que afectan a la unidad de actuación del sistema. Para las altas de empresas y para los aplazamientos y fraccionamientos de pagos se estable­cen por criterios homogéneos. La ruptura y reparto del Patrimonio de la Seguridad Social, con sus edificios registrados a nom­bre del Tesorería General de la Seguridad Social, financiados con cotizaciones so­ciales y que, sin más, se pretende que pa­sarán a ser propiedad de las instituciones autonómicas, constituye un fuerte impacto destructivo. Difícil de llevar a cabo dada la situación política marcada por la movi­lización de pensionistas y la debilidad del propio gobierno.

El Gobierno Vasco, consciente de que en la situación actual le sería imposible la gestión de una seguridad social vasca, de­bido al déficit que de entrada tendría que asumir, parece que prefiere iniciar su an­dadura haciéndose cargo, entre otras fun­ciones, de los pagos de las prestaciones, al tiempo que la caja central de la Seguridad Social se ocuparía de proporcionarle la financiación. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso llegó a decir que, una vez traspasada la gestión de la Seguridad Social a la CAV, de lo que se trata es que “la carta con la nómina de las pensiones debería llegar con el escudo del gobierno vasco”.

Hay que recordar que no es un tema de los territorios, es un asunto de los asala­riados, cualquiera que sea la comunidad autónoma donde vivan, pues se trata de los derechos sociales derivados de las cotiza­ciones.

No puede tampoco olvidarse que con ese objetivo de fragmentación de la Se­guridad Social fue convocada por algunas organizaciones del ámbito nacionalista del País Vasco y Navarra una huelga general el 30 de enero, en la cual, junto a reivindica­ciones generales por la defensa de las pen­siones se incluía como objetivo defender el “reconocimiento de un sistema propio de relaciones laborales y protección social”. A este respecto, hay que señalar el acuerdo firmado en Madrid por sindicatos naciona­listas, que dice que las reformas laborales han ido dirigidas a buscar “la recentrali­zación de la negociación colectiva en Ma­drid y se trata de recuperar la capacidad de poder negociar convenios a nivel de cada comunidad autónoma”: O sea, que su objetivo es romper los convenios estatales para permitir la competencia de salarios y condiciones laborales entre regiones, lo que llevaría a la deslocalización masiva de empresa y servicios.

La regionalización de la Seguridad Social.

Señala la prensa que “el gobierno vasco considera este elemento [el traspaso] una prioridad ya que aportaría mayor autono­mía financiera a la comunidad autónoma”. El camino que inicia Pedro Sánchez con el acuerdo con el PNV conduce a la regio­nalización de la Seguridad Social, lleva a convertirla en organismos en manos de los gobiernos regionales.

Esa dinámica, si atendemos a la expe­riencia de lo ocurrido con la sanidad y la educación, lleva a aumentar la diferencia­ción económica y de derechos entre los ciudadanos de los distintos territorios. Es la dinámica que surge del desarrollo del Estado de las Autonomías consagrados en la Constitución del 78.

La defensa de una de las conquistas más importantes de la clase obrera, como es la Seguridad Social, no puede conver­tirse en moneda de cambio de las urgen­cias que acarrean la crisis de las institu­ciones estatales.

La defensa de la Seguridad Social no puede plantear dudas entre las filas de los sindicatos de clase, pues su propia exis­tencia está, en buena parte, vinculada a la existencia y mantenimiento de conquistas tan fundamentales para la clase obrera.

La defensa de la caja única.

La caja única no es un simple registro donde se ingresan todas las cotizaciones y las salidas de los recursos para pagar las prestaciones.

El contenido más importante del prin­cipio de la caja única es garantizar que los asalariados reciban prestaciones idénticas cuando las circunstancias y condiciones sean iguales, e independientemente del lu­gar donde tengan la residencia.

En nuestra Seguridad Social el princi­pio de unidad de caja no nace de la ley, sino que es un hecho exigido por la ne­cesidad de proteger la uniformidad de las prestaciones, la unidad del patrimonio propio, su separación del patrimonio del Estado y su adscripción a los fines pro­pios, así como la salvaguarda del principio de solidaridad entre los diferentes regíme­nes y territorios. El principio de caja única de la Seguridad Social es anterior a la ley.

La igualdad de prestaciones en cir­cunstancias idénticas se garantiza, al margen de la relación entre ingresos y gastos que pueda tener cada comunidad autónoma. De hecho, si cada comunidad autónoma tuviera una caja donde registrar sus ingresos por cotizaciones y sus gastos en prestaciones, se plantearían serios pro­blemas de financiación. Por ejemplo, en Euskadi se plantearía en la actualidad un déficit de más de 1800 millones de euros al año. Excepto varias comunidades, Ma­drid, Canarias, Baleares, la mayoría figu­rarían con déficit.

La defensa de la caja única de la Se­guridad Social supone mucho más que la centralización de los recursos, bienes y disponibilidades, la unidad normativa de su funcionamiento, la igualdad de presta­ción para todos los trabajadores, la posibi­lidad de hacer solidaridad entre regímenes de protección y territorios. Además de lo anterior, permite que la Seguridad Social articule todas las conquistas de la clase obrera en torno, precisamente, de la de­fensa del sistema de reparto, es decir, del salario diferido.

La Seguridad Social como conquis­ta es la pieza central de la constitución de la clase obrera en clase políticamente hablando, unificada como clase en torno a sus conquistas y derechos sociales. Los propios sindicatos, que se crearon junto a las primeras organizaciones de previ­sión, las sociedades de socorros mutuos encuentran en la defensa del salario di­ferido una parte importante de su razón de ser.

El lugar destructivo del Pacto de Toledo.

Los instrumentos de dislocación de la Se­guridad Social están dispuestos por el Pac­to de Toledo:

  • La separación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, tan rechaza­da por los inspectores de trabajo.
  • La propuesta de que los gastos del per­sonal de las Instituciones de la Seguri­dad Social los pague el Ministerio de Hacienda.
  • Las propuestas de separar prestacio­nes del tronco de la Seguridad Social, como las de viudedad y orfandad, cambiando su carácter de prestaciones contributivas por prestaciones asisten­ciales.
  • El traspaso de competencias al País Vasco, iniciando un camino que solo puede conducir a la regionalización y troceo de la Seguridad Social.
  • Los retrasos en la prometida deroga­ción de las reformas de pensiones y laboral.
  • Las limitaciones presupuestarias que anuncian el techo de gasto aprobado.

Ante la convocatoria cercana del Pacto de Toledo, con la tarea de ofrecer una ima­gen de consenso, aceptando y ordenando los instrumentos de dislocación señalados, nadie que pretenda defender los intereses de la clase obrera puede estar mudo.

Organizar la resistencia y el rechazo a la dislocación de la Seguridad Social.

En escasos días se han generado posicio­nes sólidas de rechazo a las transferencias de competencias.

La asociación de los inspectores de trabajo manifestó que “la transferencia de la gestión económica de la Seguridad So­cial al País Vasco puede afectar a la ‘caja única’ y romper la solidaridad del sistema y la “igualdad de todos los españoles”. Además, señala que el camino iniciado “no es sino la vía de apertura a la dispo­sición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial”.

No es nada baladí el hecho de que la asociación de letrados de la Seguridad So­cial haya confeccionado un duro comuni­cado contra la cesión de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, que según argumentan “pueda ser un paso previo a la ruptura de la caja única del Sistema”.

Felipe Gutiérrez, de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, ma­nifestó “su rechazo a cualquier transfe­rencia para gestionar los ingresos de las pensiones fuera de caja única”.

La corriente Izquierda Socialista del PSOE de Castilla la Mancha, aprobó una moción que dice: “Rechazamos la trans­ferencia de la gestión económica al País Vasco, por cuanto abre la puerta a la des­igualdad en el percibo de las pensiones, y, a la vez abre la puerta a los planes priva­dos, en definitiva, abre la puerta al des­mantelamiento del Sistema Público de la Seguridad Social”.

El Secretario General de UGT, Pepe Ál­varez, manifestó: “la caja única y la legis­lación única de la Seguridad Social no son ni discutibles ni negociables”, y, además, “esta cuestión no se puede dirimir entre el Gobierno estatal y todas las comunidades. Queremos un modelo de caja única y de legislación única para todo el país, y eso pasa por contar con los interlocutores so­ciales”. La sección sindical de la FSP-UGT del INSS distribuye la declaración del Se­cretario General de UGT y se abre pública­mente a recoger propuestas y sugerencias.

Los primeros interesados en la defen­sa de la caja única contra el desguace de las instituciones de Seguridad Social son los sindicatos, las organizaciones de pen­sionistas y los trabajadores activos. Es el momento de organizar la resistencia al desmantelamiento de una de las principa­les conquistas de la clase obrera.

 

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