Plan de choque social: un primer ensayo para la crisis que llega

  • El jueves 12 de marzo el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la CGT Catalunya, la IAC, Riders por Derechos y Elite Taxi lanzaban a través de las redes sociales un decálogo de medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus que titulaban “Plan de Choque”.
  • Obviamente no es un programa ni mucho menos acabado, pero en un momento de shock se anticipaba a algunos de los problemas sociales más acuciantes en un futuro inmediato. Esa anticipación es quizás la principal virtud. Rápidamente se sumaron decenas de colectivos.
  • Hasta ahora los posibilidades de presión del Plan de Choque Social se han visto constreñidas a las redes sociales y a conseguir colar algunas ideas en los medios de comunicación, con dificultades para llegar a los más masivos.
  • En una primera reivindicación se han concentrado esfuerzos en pedir que no se produjera ningún despido, exigir una renta básica para quien se quede sin ingresos, la suspensión del pago del alquiler, la hipoteca y los suministros básicos e insistir en la intervención de la sanidad privada sin ninguna compensación.

28/03/2020 | Oscar Blanco

El jueves 12 de marzo el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la CGT Catalunya, la IAC, Riders por Derechos y Elite Taxi lanzaban a través de las redes sociales un decálogo de medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus que titulaban “Plan de Choque”. Aún no había sido decretado el Estado de Alarma y era realmente difícil anticiparse a la aceleración política y a la profundidad de la crisis social, económica y sanitaria que hemos vivido las dos últimas semanas. Sin embargo, comenzaba a ser una intuición compartida que existía una ofensiva de la clase dominante para hacer pagar esta crisis de nuevo a los mismos que corrieron con la cuenta en 2008. La Bolsa se desplomaba y la patronal comenzaba a exigir medidas que recordaban al rescate bancario.

También se veía que la combinación entre la emergencia sanitaria y el cierre de los centros educativos azuzaba la crisis de cuidados. Casi toda la responsabilidad de la reproducción social se enviaba a los hogares convertidos en una olla presión. Para dar contexto es recomendable leer a Carmen San José que explicaba el impacto que esta crisis multidimensional puede tener en la clase trabajadora con profusión de datos. También Iolanda Fresnillo aportaba en un artículo traducido por El Salto una reflexión sobre la dimensión de la crisis y su conexión con la burbuja de endeudamiento en todo el mundo. Había que reaccionar o sería demasiado tarde para evitar salir de esta emergencia con más desigualdad e injusticia social.

Las medidas que se apuntaron en ese primer momento desde el Plan de Choque Social se pueden resumir en tres ejes: refuerzo del sistema sanitario público, defensa del derecho a la vivienda y defensa del empleo, las condiciones laborales y unos ingresos mínimos para todo el mundo. En lo que se refiere a lo laboral se exigía garantizar el sueldo integro tanto para las personas en cuarentena como para quien tenga que encargarse de los cuidados de personas de su familia o entorno. También frenar los despidos con la paralización de todos los Expedientes de Regulación de Empleo, también los Temporales. Apoyar también a los trabajadores por cuenta propia. En vivienda se exigía paralizar los desahucios y frenar el cobro de alquileres e hipotecas. Y, por último, en el principal escenario en este momento de la pandemia, la sanidad, se reivindicaba la intervención de todos los recursos privados al servicio del interés general y la reapertura de las plantas cerradas por una década de recortes, que se ha hecho notar especialmente en el sistema de salud catalán. En resumen, en ese momento de gestación de una crisis sin precedentes se plantea una vía para básicamente parar el golpe y exigir que el Gobierno PSOE-UP no aplique medidas al servicio del Capital.

Obviamente no es un programa ni mucho menos acabado, pero en un momento de shock se anticipaba a algunos de los problemas sociales más acuciantes en un futuro inmediato. Esa anticipación es quizás la principal virtud. Rápidamente se sumaron decenas de colectivos. Principalmente del sindicalismo laboral y social catalán, es decir, los colaboradores más habituales de estas primeras organizaciones que encendieron la mecha. A medida que la propuesta se ha ido expandiendo a más sectores y que el confinamiento ha evolucionado se amplían algunas demandas y otras se corrigen. Se ha ido dando un proceso atropellado, diverso y colectivo de aportaciones. En las siguientes semanas de ebullición han ido surgiendo otras propuestas desde muchos lugares y con diferentes propósitos, pero el Plan de Choque Social se ha consolidado como una referencia en construcción de una salida justa a la crisis. Una primera federación de malestares y resistencias. Un ensayo de cómo luchar en tiempos de pandemia.

Medidas para la crisis social

En medio de estos intentos de composición se lanzó una nueva campaña para presionar sobre el Consejo de Ministros del que saldría el “real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19”. En esa ocasión se concentraban esfuerzos en pedir que no se produjera ningún despido, exigir una renta básica para quien se quede sin ingresos, la suspensión del pago del alquiler, la hipoteca y los suministros básicos e insistir en la intervención de la sanidad privada sin ninguna compensación.

En cambio, las medidas aprobadas por el Gobierno iban en otra dirección. La que más impacto ha tenido ha sido la facilitación de los ERTE solicitada por la patronal, CCOO y UGT y que ha enviado ya a millones de trabajadores temporalmente al paro con prestaciones y cotizaciones a cargo de la ya mermada caja de la Seguridad Social. Mikel de la Fuente analizaba con detalle las medidas de ese decreto. La curva de contagio seguía avanzando, los sectores más precarios se quedaban sin ningún tipo de ingresos, millones de personas se veían forzados a poner en riesgo su salud sin las medidas de protección necesarias y la sanidad, las residencias o el servicio de atención domiciliaria llegaban a una situación de colapso y caos absoluto. Este impacto en el sistema sociosanitario es especialmente duro en la Comunidad de Madrid. En Madrid se solapa la principal concentración de casos en el Estado español con décadas de una gobernanza neoliberal basada en privatizaciones, externalizaciones y recortes del gasto público. De todas formas, en las próximas semanas todo apunta a que veremos lo mismo en más territorios.

Apretar al Gobierno progresista

El lunes 23 de marzo se sacaba un comunicado conjunto desde el Plan de Choque Social exigiendo un giro en la gestión de la crisis y medidas de emergencia que pongan en el centro la vida. En primera línea de las reivindicaciones los sectores que los poderes económicos y políticos están dispuestos a dejar en la cuneta: trabajadoras de los cuidados o de la economía informal, migrantes, personas presas o las mujeres que van a enfrentarse aisladas a un recrudecimiento de la violencia machista, entre muchos otros. Además, se planteaba por primera vez una discusión desde esta plataforma: el aumento brutal del gasto público que supone la gestión que está haciendo el Gobierno de la pandemia (por ejemplo, el pago de los ERTE) y la necesidad de hacer que los ricos y las empresas paguen.

En ese momento ya se habían adherido más de 200 organizaciones y la lista continua ampliándose constantemente. Hay que destacar que la iniciativa gana capilaridad territorial, con la creación de diferentes coordinaciones, y social, al añadirse nuevos sectores. Pese a la presión, el Consejo de Ministros del martes 24 no anuncia ninguna medida social complementaria y el viernes anuncia -a bombo y platillo y con una comunicación política digamos que poco rigurosa- que no habrá despidos objetivos alegando el Covid-19 y una tímida mejora de la protección de los contratos temporales. Hay que recordar que el despido sigue siendo libre. Además, con la vigencia de la reforma laboral y la composición del mercado de trabajo es extremadamente barato porque el 90% de los contratos de trabajo en 2019 fueron temporales.

Una de las disputas principales de la última semana ha sido la exigencia de paralizar todas las actividades económicas no esenciales. ¿Qué sentido tienen las fuertes restricciones a la movilidad si después millones de personas son obligadas a desplazarse a trabajar cada día en empresas que no son imprescindibles? El Gobierno de Pedro Sánchez se ha resistido a esta medida poniendo por delante los intereses de la acumulación capitalista a la salud pública. Ahora cuando finalmente se ha rendido a la evidencia pretende traspasar el coste a los trabajadores con el “permiso retribuido recuperable”.

Pensar la política en tiempos de confinamiento

Hasta ahora los posibilidades de presión del Plan de Choque Social se han visto constreñidas a las redes sociales y a conseguir colar algunas ideas en los medios de comunicación, con dificultades para llegar a los más masivos. En un panorama marcado por un largo confinamiento los métodos de acción habituales de los movimientos sociales y de las organizaciones populares están bloqueados. Nada de asambleas, manifestaciones o cualquier clase de acción colectiva en el espacio público. Esta situación insólita es un reto para pensar de que forma se puede resistir y de que forma generar conflicto social sorteando el aislamiento.

Estas primeras semanas parece que los balcones pueden ser el espacio al que se desplace la confrontación política y a diario aparecen iniciativas para disputarlos, desde caceroladas en defensa de las trabajadoras del hogar hasta intentos de la extrema derecha. Sin embargo, hasta el momento, más allá de la reactividad (por ejemplo, contra el Rey) o el encuentro social de las 8 de la tarde, no parece que ninguna iniciativa con claro contenido político cuaje. La capacidad de imaginar un repertorio y símbolos que puedan penetrar en esta extraña vida cotidiana seguramente será determinante para que el Plan de Choque Social pueda llevar sus planteamientos más allá de la fronteras del activismo. Puede que sea la forma de llegar a canalizar la frustración y la inseguridad social en pleno auge.

Fuera de los balcones y de lo digital, un actor al que mirar para inspirarse en este contexto es el Sindicato de Manteros de Barcelona que está desarrollando dos iniciativas: por un lado, un banco de alimentos para las personas del sindicato que se han quedado sin posibilidad de tener ingresos por no poder salir a vender y, por otro lado, ha volcado su taller textil con 20 maquinas industriales en la producción de mascarillas para quien las necesite. También la CGT Catalunya ha encontrado una vía de acción con el pedido a China de unas primeras 10.000 mascarillas para los centros sanitarios. Además, esta compra colectiva financiada con cuotas de la afiliación ha sido posible por la solidaridad internacionalista que tuvieron con China en enero los sindicatos de Sanidad de Tarragona y Terres de L’Ebre. Son algunas formas de poner la organización social al servicio de las necesidades generales que entroncan con el mutualismo y el apoyo mutuo históricos del movimiento obrero. Habrá que pensar también en cajas de resistencias y otras fórmulas de poner en común los problemas que vienen.

¿Es suficiente con abordar la urgencia?

Igual que se han visto encerradas en las redes sociales, las primeras iniciativas del Plan de Choque Social también se han visto con un corsé: la urgencia y la obligación de reaccionar a las decisiones del Gobierno. En estas primeras semanas quizás sea un límite inevitable para responder a una coyuntura de excepción y volátil. Sin embargo, una salida a esta crisis va a necesitar una respuesta sistémica y hay que avanzarse a algunos debates políticos cruciales si se quiere tener respuestas coherentes y a la altura de los problemas existentes. Por ejemplo, esta la cuestión del papel de la Unión Europea que entre otros han desarrollado Manuel Garí y Fernando Luengo o, con una importancia central, la cuestión de la crisis ecológica y su dimensión climática. Una crisis civilizatoria no se soluciona con parches. El equilibrio entre dar respuestas concretas que permitan llegar a sectores menos politizados y tener una visión lo suficientemente amplia para que vaya a la raíz de las cosas sólo se puede conseguir en la práctica.

Por último, el Plan de Choque Social abre (inciertas) posibilidades de superar la fragmentación de los movimientos sociales, su falta de proyecto compartido y su existencia como un archipiélago de pequeñas experiencias de activistas. Para desarrollar esta opción no se puede convertir en una mera suma de siglas o otra plataforma más dónde se acaban viendo las mismas caras. Las circunstancias son difíciles, pero se podría convertir en un herramienta que facilite la articulación entre un sindicalismo combativo en los centros de trabajo más necesario que nunca y diferentes formas de sindicalismo social que respondan a las necesidades en el ámbito de la reproducción social. En este sentido, es interesante la sinergia que desde la campaña por la suspensión de los alquileres se busca con los sindicatos laborales para poder hacer llegar esta propuesta a quien ha sido despedido, afectado por un ERTE o simplemente no va a tener ingresos. No es un momento para pensar proyectos para unos pocos. En medio de esta crisis como esta hay que buscar la forma de fomentar la autoorganización de las millones de personas que se van a ver cruzadas por esta pandemia y los impactos que va a detonar.

28/03/2020

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