Apuntes y Guía de requisitos para acceder a las medidas del gobierno de España en Vivienda

Resumen previo.

Este es un resumen detallado de las medidas tomadas y no tomadas: (esto todavía es un borrador)

  • ¡ojo! ESTE DECRETO ENTRA EN VIGOR del 1 de abril 2020.
  • SUSPENSIÓN JUDICIAL de los desahucios hasta 6 meses para hogares vulnerables sin alternativa habitacional después de la finalización del Estado de Alarma para los hogares que demuestren vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19.
    • quedan fuera los desalojos por precario, penales i de renta antigua. Sólo entran los contratos celebrados entorno a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
    • las demandas por impago de rentas (no por finalización de contrato) en las que no se han podido ejercer los derechos de oposición del inquilino según el artículo 440.3 LEC (10 días para oponerse) o no se hubiera celebrado la vista del juicio por oposición del inquilino, todo se aplaza hasta un máximo de 6 meses hasta que los Servicios Sociales tomen las medidas oportunas para ayudar al hogar (ir a la pensión u otras).
  • PRÓRROGA obligatoria de 6 meses de los contratos que acaben durante el período de confinamiento por la pandemia hasta el día que hayan transcurrido 2 meses más. Por ejemplo si un contrato finalizaba el día 14 de junio del 2020 y el estado de alarma finaliza el 13 de abril ya no sería de aplicación pero si para los anteriores. El arrendatario – inquilino- debe pedirlo por escrito de manera fehaciente al arrendador y se aplicará lo que diga el contrato en ese período.
  • LOS ALQUILERES SE HAN DE PAGAR pero en las familias en situación de vulnerabilidad:
    • PEQUEÑOS PROPIETARIOS (de 1 a 9 viviendas)
      • la persona arrendataria– inquilina- en el plazo de 1 mes de la entrada en vigor del Decreto (30 abril) podrá pedir a la propiedad una de estas posibilidades y esta responder en el plazo de 7 días:

        • una moratoria en el pago de la renta durante los meses de la Alarma y más hasta hasta un máximo de 4 mensualidades. Habrá un fraccionamiento de los pagos hasta 3 años o hasta finalización contrato (dentro de los 3 años) a contar desde fin de Alarma o de los 4 meses. No pueden haber ni recargos ni intereses.
        • Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida, esta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por este Decreto.
    • GRANDES TENEDORES como persona física o jurídica (10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2):
      • La inquilina/o podrá podrá solicitar a la propiedad y esta contestar en el plazo de 7 días beneficiando a sus inquilinos con una de estas posibilidades:
        • una reducción de la deuda del 50% de las mensualidades hasta la finalización de la Alarma o más allá hasta un máximo de 4 meses.
        • una moratoria en el pago de la renta durante los meses de la Alarma y más hasta hasta un máximo de 4 mensualidades. Habrá un fraccionamiento de los pagos hasta 3 años o hasta finalización contrato (dentro de los 3 años) a contar desde fin de Alarma o de los 4 meses. No pueden haber ni recargos ni intereses.
      • PODRÁN en todo caso las personas inquilinas acogerse a las lineas de crédito oficiales del ICO a través de su entidad financiera.
  • Lineas de crédito del ICO: MICROCRÉDITOS con entidades financieras sin intereses por 6 anys+ 4 de prórroga más avalados por el Estado. Serán ayudas transitorias de financiación finalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta. Tanto para personas inquilinas de grandes o pequeños propietarios.
  • Un nuevo Programa de ayudas directas a la persona inquilina en un hogar vulnerable que no pueda hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos. Para ello contarán con estas ayudas del Estado para saldar su deuda. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta un importe máximo de 900 euros por mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
  • Prohibición de los cortes de suministro de agua, gas o electricidad mientras dure el Estado de Alarma.
  • La acreditacion de hogar vulnerable lo realizan los Servicios Sociales de todos los Ayuntamientos.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.


Supusos de hogar bulnerable.

Resumen:

Los hogares serán vulnerables cuando concurran al mismo tiempo estas dos circunstancias:

  1. el hogar vulnerable en vivienda habitual (empadronamiento) afectado por la crisis económica en que la persona o personas inquilinas responsables del contrato de arrendamiento se encuentren afectadas por desempleo, ERTE o jornada reducida, empresario o autónomo que tenga una reducción substancial de sus ingresos en el mes anterior que supongan
    • Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM –Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual-. IPREM (hogar de una persona: 1613,52€= 537,84€ x 3)
    • se añaden 0,1 veces IPREM por hijo a cargo o persona mayor de 65 años en la unidad familiar, 0’15  veces si es hogar monoparental.
    • Otros supuestos como discapacidad o parálisis cerebral… mirar letra paqueña más abajo en artículo 5
  2. que la renta arrendaticia, el alquiler que se paga, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  3. Se entiende por hogares o unidades familiares afectadas la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. Las parejas de hecho no inscritas o los hogares irregulares no entraran en estos supuestos
  4. Para acreditar las condiciones comentadas deberán presentar todos los documentos hasta un mes después de la finalización del Estado de Alarma. Ver artículo 6 del Decreto más abajo o en el link al BOE.

Artículo 5. Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.

1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, de los siguientes requisitos:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

3. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

Artículo 6. Acreditación de las condiciones subjetivas.

1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 5 se acreditará por la persona arrendataria ante la persona arrendadora mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

2. Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

 

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