¿Nuevos Pactos de la Moncloa? Una peligrosa y estúpida boutade

  • Los Pactos de la Moncloa solo se cumplieron en lo que concierne a la aplicación de un frenazo radical al crecimiento de los salarios y al inicio de una flexibilización de la fuerza de trabajo, mientras que la mayoría de las moderadas contrapartidas, como reconocería tardíamente Nicolás Sartorius[2], no se cumplieron.
  • Las apelaciones a la unidad son papel mojado si no se tiene en cuenta que existen proyectos políticos de clase diferentes y que lo que actualmente está en disputa es el puesto preminente cuando amaine la primera oleada del Covid19.
Tribuna viento sur | 07/04/2020 | Manuel Gari y Jaime Pastor

¿Convertir la necesidad de soluciones en otro engaño de Unidad de Clases?

El hombre de confianza del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, lanzó el 3 de abril el globo sonda sobre la pertinencia de una reedición de los Pactos de la Moncloa para que las fuerzas políticas y sociales afronten al unísono la crisis social y económica posCovid19. Pudiera parecer una mera treta de distracción de corto alcance para descolocar y emplazar a una oposición de la derecha y extrema derecha entregada de lleno en una maniobra de acoso y derribo del gobierno Sánchez.Tres días después, la sonda se ha convertido en el mantra del gobierno Sánchez.

Con la propuesta, desde la Moncloa, se intenta conectar con el sentimiento mayoritario de la necesidad de soluciones y el repudio de las grotescas escenificaciones de las diferencias políticas en un marco presidido por la inseguridad, el miedo y el rechazo a los políticos que se abren paso en la población. Las apelaciones a la unidad son papel mojado si no se tiene en cuenta que existen proyectos políticos de clase diferentes y que lo que actualmente está en disputa es el puesto preminente cuando amaine la primera oleada del Covid19. Para ese momento se están preparando relatos que allanen la hegemonía en el discurso sobre la crisis. Y detrás de las palabras, los proyectos de sociedad y tras los mismos los intereses de clase.

Un escenario degradado

La derecha autoritaria y neoliberal, incluida su variante nacionalista y xenófoba, no ha dudado en decir lo mismo y lo contrario sobre todos y cada uno de los aspectos de la crisis sanitaria y sus implicaciones económicas con modos deshonestos y sectarios llenos de mentiras, como cortina de humo para ocultar sus propias responsabilidades del pasado –políticas austeritarias del gobierno de Rajoy con sus implicaciones en el gasto sanitario en cada Comunidad Autónoma y con la salvaje privatización de la sanidad- y del presente en los gobiernos autonómicos que rigen donde tienen transferida la política y gestión de la salud pública.

El colmo de la desfachatez lo ha protagonizado Isabel Díaz Ayuso en Madrid, digna heredera de Aguirre y su equipo de gobernantes encausados por corrupción que vació las arcas públicas con su trato de favor a los ricos y ahora pide limosnas; de forma más sutil Alberto Núñez Feijóo, que recientemente adoptó decisiones que dejaban dramáticamente desasistidas varias comarcas gallegas; y qué decir de las baladronadas sin fundamento de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, del presidente del trifachito andaluz Juan Manuel Moreno o del recientemente convertido en radical partidario del cierre económico el murciano Fernando López Miras. En las responsabilidades pasadas el PP no estuvo solo en el desmantelamiento de la sanidad pública pues la extinta CiU fue vanguardia en la política de privatizaciones en Catalunya.

Pero el gobierno de Sánchez no se encuentra atrapado únicamente por esa derecha que puede acabar recibiendo apoyos del descontento popular, el apoliticismo y la pasivización y desmovilización social. Fundamentalmente es rehén de sus contradicciones de fondo: no se puede armar un escudo social y, a la vez, no incrementar la recaudación fiscal procedente de las grandes empresas y fortunas; no se puede esperar una ayuda efectiva y suficiente de la UE sin romper con las reglas del endeudamiento acompañadas de imposiciones antisociales y ambientalmente insostenibles; no se puede salir de la crisis sin abordar un nuevo modelo productivo basado en la atención a las necesidades reales, la relocalización, la desfinanciarización, la autosuficiencia de las comunidades y la cooperación entre los pueblos, el repudio de la deuda ilícita y una economía que cierre los ciclos y decrezca en el uso de materiales y energía para ser compatible con la biosfera.

Probablemente, el gobierno intenta simplemente conjurar el riesgo de la formación de un futuro gobierno de unidad nacional sin la presencia de Sánchez, que es la opción que barajan FAES, el PP o Vox. En todo caso su propuesta no excluye un gobierno de ese tipo encabezado por los mismos pero con cuota para las fuerzas de la derecha. Pero la cosa, con ser importante, ha tomado una dimensión mayor cuando se ha instalado en el debate sobre las salidas a la crisis posCovid19. Importantes analistas políticos se han aprestado a sacar al zombi de los auténticos Pactos de la Moncloa de su ataúd para glosar sus virtudes no sólo referidas a la coyuntura de hace 43 años, sino como metodología universalmente válida y actual para resolver las encrucijadas de la sociedad y la política en el Estado español.

Nadie sabe en qué pudiera consistir la sustancia de esos nuevos Pactos de la Moncloa. Desde luego, difícilmente podrían ser, por no decir imposible, unos acuerdos positivos para las clases subalternas que blindaran la sanidad pública, los salarios, la lucha contra el cambio climático, el acceso a la vivienda, el control social de la energía, el desarrollo de una industria pública, farmacéutica y biosanitaria, la devolución de la deuda del rescate bancario, la creación de una banca pública, la primacía del plan democrático sobre el mercado, de los intereses de la mayoría sobre los de la minoría privilegiada, o simplemente terminar con la carga de la Monarquía, auténtico cordón umbilical con la herencia franquista, para recuperar el impulso constituyente que se inició a partir de 2011.

Inmediatamente, tras el pistoletazo de salida de la tabla de salvamento materializada en la palabra pactos, un importante sector de la izquierda tradicional-salvo en el caso de Julio Anguita y pocas excepciones más- ha recuperado su añoranza de la modélica Transición y se ha sumado al imaginario construido por los partidarios del régimen, según el cual, la cultura de los pactos permitió el tránsito de la dictadura a la democracia gracias a la inteligencia de una élites políticas.Pronto veremos glosar las virtudes del compromiso histórico base de la estrategia eurocomunista que dio al traste con el poderoso Partido Comunista italiano y con el francés y arrasó al español. Sin embargo, con todo ello, lo más peligroso es si esa falsa idea cunde en sectores significativos de lo que ha venido en llamarse fuerzas del cambio. Porque ello abriría paso a nuevas derrotas del movimiento obrero y popular y una pesada carga para las clases trabajadoras y sectores más vulnerables de la población. De ahí que sea nuevamente útil desmitificar el papel que jugaron los Pactos de la Moncloa y situarlos en el curso de la historia de los años setenta.

El viernes 21 de octubre de 1977 la Unión de Centro Democrático (UCD) -el partido hegemonizado por los franquistas reformistas-, la familia socialista (PSOE, PSP de Tierno Galván y la Federación de Cataluña del PSOE y Convergencia Socialista de Catalunya precedentes del PSC actual), el PCE de Carrillo, el PNV, la hoy extinta CiU de Pujol y la Alianza Popular (AP) de Fraga Iribarne -el precedente franquista del PP- suscribieron el Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y cuatro días después, el 25 de octubre, todos ellos menos AP firmaron el Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Ambos acuerdos constituyen lo que se conoce como Pactos de la Moncloa.

Hace 44 años, los antecedentes

Muerto el dictador, tras el fracaso del gobierno continuista de Arias y de los intentos de autorreforma de la dictadura franquista auspiciados por Fraga, se impusieron las tesis de Torcuato Fernández Miranda de reforma controlada del Estado mismo que permitiera salvar los muebles de lo fundamental: los intereses de la oligarquía económica durante décadas vinculada al régimen y evitar la depuración de responsabilidades por crímenes y desmanes. Se trataba de pasar de la dictadura a la democracia sin solución de continuidad y, por tanto, blanqueando el pasado y a sus protagonistas. En esa operación el estabilizador político era el rey -mediante la continuidad de la monarquía en la persona de Juan Carlos Borbón designada por Franco-y el piloto de la travesía el secretario general del Movimiento (heredero de la Falange) que fue nombrado presidente del gobierno el 5 de julio de 1976, Adolfo Suárez.

Cinco meses después, el 15 de diciembre se celebró el Referéndum sobre la Ley de la Reforma Política aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre que supuso un éxito político para Suárez. ¿Cómo se produjo? ¿Por qué la oleada de huelgas y movilizaciones en la calle no lograron imponer una nueva correlación de fuerzas? La oposición mayoritaria, organizada en la Junta Democrática y en la Plataforma de Convergencia Democrática que agrupaba a los partidos obreros mayoritarios, a algunos partidos de izquierda, los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y a partidos pequeñoburgueses, se unificó en Coordinación Democrática (conocida como Platajunta) en marzo de 1976, poco después, por cierto, de la brutal represión contra la clase trabajadora de Vitoria.

La Platajunta nació con los objetivos de la amnistía, los estatutos de la autonomía (con cierta ambigüedad sobre el derecho de autodeterminación) y el impulso de un proceso constituyente que resumía el programa de la ruptura democrática.Pero esta acabó transformándose en ruptura pactada con el gobierno de Suárez para finalmente desaparecer del escenario la palabra ruptura. La oposición no quiso potenciar sin límites la movilización de masas, carente de un proyecto político acorde con la energía social desplegada. Ello supuso que la oposición fuera perdiendo la iniciativa política, cediéndola a Suárez, que hasta ese momento sólo había realizado movimientos defensivos para ganar tiempo. La Platajunta desapareció en octubre de 1976 sumida en plena crisis. A partir de ese momento el PSOE y el PCE iniciaron la lógica de presentar los compromisos con el gobierno encabezado por Suárez como defensa de la democracia; el primero con un discurso de izquierdas preñado de oportunismo, el segundo porque veía cumplidos sus sueños de la estrategia de reconciliación nacional. Por su parte, Suárez fue adaptándose a las demandas populares aceptando algunas pero limitando su desarrollo, lo que en sus acuerdos con la izquierda se tradujo en hablar de todo pero no ceder en el alcance.

El grano y la paja, hace 43 años

En un contexto de crisis económica heredada del franquismo y reforzada por los precios del petróleo y tras el fracaso de la devaluación de Villar Mir, la burguesía al principio de 1977 vivía en estado de inseguridad y, pese a todo, veía débil a su propio gobierno ante el movimiento de masas, particularmente el movimiento obrero al que se trataba de debilitar. Tras realizarse las elecciones generales de junio de 1977, condicionadas a la pervivencia de la monarquía y excluido su carácter constituyente, continuó la conflictividad social. Para dar una salida favorable al capital era necesario imponer un drástico plan de ajuste y cambiar la correlación de fuerzas en las calles, donde seguía existiendo una gran combatividad aunque no correspondida con idéntico nivel de conciencia política.

Pocos días después de que se aprobara la Ley de Amnistía (que garantizaba la impunidad de los crímenes del franquismo), los Pactos de la Moncloa tuvieron como objetivo principal, declarado por el propio Suárez, la consecución de un pacto social y a ese fin se condicionaron los acuerdos políticos y no al revés como en ocasiones se ha afirmado. El propósito de los Pactos fue imponer un Plan de Estabilización antisocial. Las contrapartidas políticas fueron secundarias pues vinieron a reconocer hechos y derechos ya existentes en la realidad para limitarlos (“encauzarlos” en el lenguaje de la época) referidos a las libertades de prensa, reunión y libertad de expresión y se dio por muerto al cadáver ya enterrado del Movimiento Nacional que el PSOE presentó enfáticamente como el desmontaje del franquismo.

En la política presupuestaria se aprobó la limitación de los, ya de por si bajos, gastos del Estado y la Seguridad Social. El gasto para fomentar el empleo fue de 100.000 millones de pesetas, de los cuales 60.000 se dedicaron para las prestaciones de desempleo que sólo podían sufragar 300.000 personas desempleadas del 1.500.000 existentes. La reforma fiscal siguió basándose en unos impuestos que gravaban las rentas del trabajo y el consumo popular.

Se proclamó la enésima y de nuevo fracasada política de contención de precios en un marco de pérdida de poder adquisitivo derivado de una inflación del 26,39%, frente a lo que se topó la subida salarial al 22% pues la masa salarial total no podía exceder ese incremento al final de 1978 siendo en primera instancia a corto plazo una subida topada al 11,5% que “no sería aplicable si la inflación se debe al incremento de precios de la energía, la devaluación o catástrofes naturales”. Atado y bien atado incluso las mejoras propuestas eranmanifiestamente insuficientes. A ello se aplicó además el principio de retroactividad en los convenios, o sea, desdecir los acuerdos firmados antes de la entrada en vigor del Pacto. De los 8.900.000 asalariados y asalariadas el 26,40% (2.350.000 personas) estaban bajo convenios suscritos después de los Pactos pero el 12,35% (1.000.00 de personas) trabajaban para la administración e iban a tener una subida del 22% y el 61,23% (5.450.000 personas) habían firmado convenios anteriormente con actualizaciones pactadas para 1977 y 1978. El poder adquisitivo de las y los trabajadores se hundió en un 30%. A toda esta reconsideración, a todo este retroceso, El País lo calificó como “pacto sobre el Pacto” (sic). Y se aplicó todo un clásico que bien conocemos en los momentos críticos: se aseguró un menor crecimiento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social con el consiguiente ahorro de costes patronales y deterioro de las prestaciones sociales. Todo ello nos suena cuatro décadas después.

Retrocesos sociales mal compensados con pronunciamientos generalistas e incumplidos sobre el fomento del empleo de la juventud y en las zonas deprimidas, mejoras en la escolarización o impedir la especulación sobre el suelo. Por otra parte, se despenalizó el adulterio y el amancebamiento de las mujeres, pero se mantuvo la responsabilidad civil, y, ni se mencionó el derecho al divorcio o al aborto.

Pero para amarrar el cumplimiento del pacto social y evitar cualquier desarrollo del pacto político todavía hubo una vuelta de tuerca el día después: Rodolfo Martin Villa, encausado ahora en la Querella argentina y entonces ministro del Interior, no dejó zona de escape y dictó a todos una Instrucción reservada dirigida a todos los gobernadores civiles de las provincias que contenía perlas como las siguientes: “no confundir democracia con falta de autoridad”, “amplio criterio de libertad en el terreno de las ideas y restrictivo e inflexible en la calle”, “terminar a toda costa con los piquetes”, “no aprobar la repetición de manifestaciones por el mismo tema”, a la par que se hacen advertencias no veladas a los ayuntamientos a los que se amenaza con suspender sus acuerdos en caso necesario. Ordenes de un gobierno mientras se mantienen“la persecución de la apología del delito” o la Ley de Peligrosidad Social de la dictadura.

Un golpe a la conciencia de la clase obrera

Ante ambos acuerdos, el PSOE si bien presentó reticencias presionado por la UGT que se opuso débilmente, los apoyó sin dudar. El PCE, que tenía una gran influencia en el movimiento de masas los consideró “una alternativa de concentración” y de inmediato concluyó que “no se podía conseguir más”y los apoyaron con el falso dilema de pacto o golpe de estado. Y Santiago Carrillo fue claro cuando habló de unos pactos de la austeridad a pesar de que en ocasiones en los mítines glosaba sus loas incluyendo el abultar las cifras de lo conseguido. La mayoría de CCOO –donde múltiples secciones sindicales no aceptaron los pactos- cerraron filas con una actitud de Marcelino Camacho que podría resumirse en un “sí, pero” que realmente no aportaba nada a lo afirmado por Nicolás Sartorius, quien llamó a movilizarse a favor de los pactos y no contra los mismos pese a reconocer: “ello no quiere decir necesariamente que se puedan variar las cifras globales contenidas en los pactos”. Ello explica los aplausos de Pérez Llorca de UCD pero también de López Rodó de AP. Mucho se ha insistido en que las patronales no vieron con buenos ojos los pactos. Nada más lejos de la realidad. Efectivamente la recién creada CEOE los criticó porque no contemplaron el despido libre, ya que se topaba el despido al 5% de la plantilla de una empresa en ciertas condiciones. La COPYME, una vez se reconoció su existencia y papel se calló. Ambas aceptaron y se beneficiaron de los pactos. No es casualidad que los banqueros Pujol o Rafael Termes,opusdeista del Banco Popular, los calificaran de “la mejor solución”. En cuanto al FMI y EE UU, como recordó años después el “padre” formal de los pactos, Fuentes Quintana, ambos dieron su placet a los mismos[1].

Después de los Pactos y antes de la Constitución de 1978 las palabras ruptura democrática se enterraron definitivamente y se fortaleció por un tiempo a Suárez en la Moncloa. Ello permitió ganar tiempo a la burguesía en sus planes, favoreciendo el proceso de estabilización del régimen de la reforma, con democracia imperfecta y limitada, tutelada por el ejército y el rey y negadora del derecho a la autodeterminación.

Concluyendo ya, en realidad, los Pactos de la Moncloa solo se cumplieron en lo que concierne a la aplicación de un frenazo radical al crecimiento de los salarios y al inicio de una flexibilización de la fuerza de trabajo, mientras que la mayoría de las moderadas contrapartidas, como reconocería tardíamente Nicolás Sartorius[2], no se cumplieron.

Manuel Garí es miembro del Consejo Asesor y Jaime Pastor es editor de viento sur

 


 

Documento adjunto: Artículo de Miguel Romero escrito para la edición en francés de Inprecor en noviembre de 1977 sobre el pacto y las resistencias que encontró en sectores amplios de la clase trabajadora.

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