La repercusión en las pensiones de la crisis en curso y las medidas de emergencia

BOLETIN Nº 9 MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA : 30-05-2020

Estamos viendo estos días cómo circulan mensajes y se publican notas de prensa que advierten que habrá importantes recortes en el sistema público de pensiones. Se trata en muchos casos de campañas de la derecha para crear alarma y desgastar al gobierno Sánchez o de globos sonda patronales para ver si hay reacción social ante propuestas muy lesivas pero que pueden ir calando por la emergencia sanitaria del Covid19.

Al mismo tiempo se publican declaraciones de altos cargos en sentido contrario: el ministro Escrivá asegura que se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones, la vicepresidenta Calviño dice que la UE no condicionará los paquetes de ayudas a recortes presupuestarios. El presidente Sánchez no quiso contestar si se pediría el rescate. El Gobernador del Banco de España recomienda reformas de ajuste fiscal y pide un pacto político a largo plazo para afrontarlas. C. Lagarde, al frente del BCE, advierte que, aunque no haya rescate formal, la creación de los fondos de reconstrucción para los sectores y países más afectados implicará medidas de control presupuestario para atender al aumento en el servicio de la deuda,… (es decir, el inevitable aumento del endeudamiento en este ejercicio comportará la compresión futura del gasto, lo que incluye obviamente los servicios públicos y las pensiones).

Los analistas económicos dan predicciones más dispares que nunca debido a que no se conoce la duración del parón económico. Dependerá de si se producen rebrotes graves y del tiempo que transcurra hasta que haya disponibles vacunas o medicamentos eficaces para controlar la  enfermedad con los que recobrar la confianza social y relanzar la demanda de bienes y servicios –y de la evolución de estos factores a escala internacional-.

De momento, la profundidad de la contracción económica deja cifras de recesión en este trimestre del 5% del PIB y las proyecciones para el 2020 van del 8% al 13% de caída del PIB o más, afectando de manera gravísima a sectores clave para el empleo y las cuentas de la SS española: construcción, automoción, transporte aéreo, hostelería y ocio, comercio de vestido y calzado, etc. El temor es que cientos de miles de ERTE se conviertan en ERE y completen el panorama de desocupación rampante que estamos viendo con la destrucción de la ocupación temporal, del empleo “informal” y la no celebración de la contratación para la temporada de verano. El índice de paro que se estima varía según las fuentes entre el 16,5% y más del 20%, lo que plantea un escenario de precariedad económica e inseguridad laboral similar, si no peor, a la situación de 2011.

La cuestión de si habrá “rescate” no se refiere al hecho en sí, ya que la necesidad de financiación masiva es innegable, sino a las condiciones políticas que están en discusión en el Eurogrupo. Tanto si se mutualiza parte del paquete de ayuda como si se genera sólo deuda nacional, el problema está en la deuda acumulada, que supera el 100% del PIB, y en el riesgo de subida de la prima que la vuelva insostenible si el BCE limita el apoyo y los mercados reflejan la situación real aumentando los tipos. No son necesarios los memorandos ni los “hombres de negro” ante semejante perspectiva, para condicionar la política social del Gobierno. Sólo hay que recordar la rapidez con que PP y PSOE cambiaron el Art. 135 de la Constitución para garantizar el pago de la deuda por encima de todo.

De nuevo, el sistema público de las pensiones será presentado como un coste insostenible para la sociedad y se esgrimirán los tramposos números del “déficit” anual y de la “deuda” acumulada (una vez gastada casi toda la “hucha” se ha sumado otro “préstamo” del Estado por 13.830 millones €) como excusas para hacer digeribles las reformas. Aunque han circulado informaciones sobre el recorte de las pagas extra, no es probable que se propongan este año recortes directos de la cuantía de las prestaciones, por la dificultad política para aprobarlos y más ante las convocatorias electorales previstas, pero sí la práctica congelación de los incrementos (la ley del 0,25% sigue vigente), simplemente declarando un incremento negativo del IPC. En cambio, se acelerarán las reformas previstas para los próximos años, a fin de producir un equilibrio a largo plazo entre los menguantes ingresos y los gastos crecientes sin que ni las cuotas empresariales sufran aumentos ni se dispare la carga para los Presupuestos Generales del Estado sino que se rebaje un 1% en el total de éstos (es decir, todos los sistemas de cálculo pensados para mantener las desigualdades, dificultando el acceso a las prestaciones a base de requisitos y condiciones para rebajarlas e imponer revalorizaciones anuales inferiores al IPC real).

En la mesa del ministro Escrivá están varias medidas de ajuste de gran calado para el Sistema Público y planes estructurales a largo plazo para impulsar los fondos privados de pensiones:

– la puesta en marcha lo antes posible del Índice de Revalorización de la Pensiones aprobado en 2013

– el tope a las pensiones de viudedad en función de los datos de renta personal

– nueva revisión del sistema de cálculo, tomando toda la vida laboral en lugar de los último 25 años cotizados.

– no se han especificado detalles, pero se estudia el endurecimiento de las condiciones de prejubilación y de la invalidez, favoreciendo el retraso de la edad real de jubilación para que se vaya produciendo cada vez más cerca de los 67 años.

– la promoción y extensión de los actuales fondos de empleo, ligados a las empresas y que, a falta de conocer el detalle de las propuestas, cabe relacionar con el sistema de capitalización conocido como “la mochila austríaca” previsto para sustituir paulatinamente el sistema de reparto, trasladando la responsabilidad a los trabajadores/as y la gestión de los fondos a las gestoras que controlan los
bancos y aseguradoras.

No es necesario abundar en la gravedad de la situación a pesar de que el gobierno está indeciso e improvisa en las medidas y niega los recortes sociales. Ya se han flexibilizado los ERTE y la ola de despidos se acerca. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de la sanidad y los servicios públicos y es el momento de lanzar la movilización para defenderlos, uniéndola a la defensa del sistema público de pensiones, a los criterios de reparto y solidaridad. Frente a los discursos de la inviabilidad del sistema público y del desequilibrio entre cotizantes y beneficiarios por la evolución de la demografía y la esperanza de vida podemos demostrar que las prestaciones están bien ganadas con vidas de trabajo y aumentos continuos de la productividad.

Viene el verano, pero no podemos relajar esta lucha, hay que reforzar la unidad de los movimientos sociales y dirigirnos a los trabajadores en activo para prevenir a todos ante la perspectiva de que vengan las reformas lesivas a empeorar las condiciones de vida y trabajo para pagar la crisis.

¡¡¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!!!

Comisión de Organización
Marea Pensionista de Catalunya.


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