La «intervención pública una falsa» : Las familias de la Residencia Mossen Vidal Aunòs «Una multinacional que quiere hacer negocio no se puede hacer cargo de la salud de nuestros mayores»

L’Alba, la Maria José i el José Luis, familiars de residents a Mossèn Vidal Aunós / FRANCESC MELCION

 

  • Los familiares de la residencia Mossèn Vidal quieren Eulen fuera de la gestión: «La intervención pública es una farsa»
  • La supervisión pública no satisface 75 parientes después de abusos sexuales y 25 muertes por Covidien-19
Germán Aranda Millán  Barcelona ARA

Para las Familias : La continuación de un camino de desgracias y luchas que aún no termina.

Para los familiares de los ancianos que viven (o han muerto) en la residencia Mossèn Vidal Aunós de Barcelona, ​​la mala gestión que creen que se ha hecho de la pandemia -26 abuelos han perdido la vida- es la continuación de un camino de desgracias y luchas que aún no termina.

Poco después de que arrancara el estado de alarma, el 16 de marzo, dos cuidadores de la residencia fueron detenidos por malos tratos y violaciones a una interna. Dos meses después, con 21 muertes por Covidien-19 y 75 infectados (el 90% de los residentes), el 12 de mayo, la Generalitat intervino esta residencia pública gestionada por la empresa Eulen, cambiaron la dirección y los familiares respiraron aliviados. Por poco tiempo, porque ahora creen que «la intervención de la Generalitat es una farsa», dice Alba Catalán, una de las familiares, ya que la multinacional sigue siendo quien gestiona el centro a pesar de la supervisión pública. Escribieron una carta a la Generalidad firmada por 75 familiares (de los 86 que quedan vivos), y que han facilitado el diario ARA, el 28 de mayo pidiendo que Eulen deje de gestionar el centro. Pero no han recibido respuesta.

Desde el departamento de Salud, que gestiona las residencia, aseguran vía mail (y no posibilitando una entrevista con la directora de la residencia o el interventor público) que es la Fundación Vella Terra, de confianza de la Generalitat, quien se encarga » pr ovisionalmente de la dirección y la gestión «y que hizo» cambios organizativos «y designó» una nueva directora que actúa sobre las instrucciones de la Fundación «, pero reconocen que» tanto la dirección como los trabajadores están a sueldo de Eulen «. Un empleado público, además, vigila sobre todo que se cumpla la sectorialización para contagiados. Añaden, además, que hay 81 profesionales para atender 55 personas dentro de la residencia.

«Ya nos gustaría que fuera Vieja Tierra», dice de nuevo el Alba, que tuvo muy buenas sensaciones cuando se encontró con los responsables de la Fundación y reconoce que los familiares pensaban que a partir de ahora esta entidad trabajaría en el día a día de la residencia. Los familiares aseguran que la Fundación no trabaja ahora en la residencia, que hizo un documento y «se fue» y que el interventor público de la Generalidad que trabaja ahora no les sirve como interlocutor y no les ha dado respuesta sobre la su principal preocupación ante la desescalada. «No confiamos en Eulen y, además, no podemos estar allí para ver cómo lo hacen», lamenta María José Carcelén, también familiar y portavoz de la plataforma 5 + 1 en defensa de la gestión pública de las residencias.


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La decisión actual que más cuestionan los familiares es la de aislar durante quince días los abuelos que vuelven después de semanas de hospitales o sociosanitarios después de haber sufrido el coronavirus, «a pesar de haber dado ya dos veces negativo», denuncia María José . Se han encontrado que «nadie de la Generalitat o de la Fundación Vella Terra» los hace de interlocutores, lamenta Alba. Y este aislamiento, «de gente que ya estaba recuperada y socializando a un sociosanitario o a un hospital», ya ha empezado a tener sus consecuencias: aseguran que algunos ancianos lloran desesperados y que a una de las abuelas la sedaron después de que se diera golpes contra un armario la última noche, explican los familiares en grupos de WhatsApp.

«¿Los tendremos cerrados para siempre?»

«La desescalada se debe hacer», asegura María José, después de no encontrar entre médicos y expertos una explicación válida a estos aislamientos de gente que han dado negativo para Covidien-19 recientemente. «¿Los tendremos cerrados para siempre?», Se pregunta. En el plan de desescalada para las residencias de la Generalitat, se especifica claramente que «los ingresos provenientes de hospital o centro sociosanitario que han guardado aislamiento en los últimos 14 días pueden ingresar directamente a la zona verde», lo que choca con lo que según los familiares se está haciendo en el centro. Salud asegura que todo se hace siguiendo los protocolos vigentes y «con las indicaciones y preceptos establecidos por la atención primaria de referencia». Pero la María José, tras hablar esta mañana con el director del CAP, dice que le han asegurado que ellos «no pueden hacer nada».


La gestión de la pandemia, según María José, fue fallida desde el inicio. Asegura que se negaron a usar EPIs aunque tenían que los protocolos no les recomendaban si no era en el trato con los infectados, pero que el primer test PCR llegó a la residencia el 4 de abril, cuando ya había muertos. «El día 8 de abril vinieron muchísimas ambulancias y se llevaron 30», explica Maria José. Denuncian, además, que la Generalitat les vetó la compra privada de PCR en el laboratorio valenciano Progenie por falta de homologación, aunque otras comunidades sí trabajan, tal como explicó en abril Crónica Global.


Los problemas no acaban aquí. «A mi madre ya le han perdido las cosas y después se las han encontrado y las camas reclinables no funcionan. Ella misma, que está bien de la cabeza, dice que hay mucho descontrol, aunque también es muy negativa», explica otra familiar que prefiere el anonimato. Veranos sin aire acondicionado, 24 horas sin luz y mal estado del mobiliario son algunas de las quejas que los familiares relataban ya antes de los abusos sexuales y de la pandemia.

La Rosa María Gardon, hija de la mujer que fue acosada sexualmente, está convencida de que la Generalitat «debería haber hecho fuera Eulen desde que se conoció la violación», de la que se hizo público un vídeo en TV3 en el que se veían vejaciones, tocamientos y agresiones por parte de ambos profesionales. El vídeo fue posible porque una enfermera les alertó de que estaban pasando cosas extrañas en la habitación. «Todo comenzó cuando encontraron mi madre una mañana llena de orines y defecación y nadie me dijo nada», explica, y lamenta que la directora no hiciera todo lo posible para estar al tanto de lo que pasaba, que sospecha que era continuado. La directora responsable siguió al frente hasta que se hizo la intervención por la pandemia y la Generalitat se personó como acusación contra los trabajadores y abrió una investigación «por la vía de la inspección de Servicios Sociales» a Eulen para depurar responsabilidades .


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Los padres de Rosa María, que compartían habitación, dieron negativo en el primer test del 4 de abril, pero quince días después, ya en cuarentena, dieron positivo, por lo que la Rosa María está convencida de que «les contagian los profesionales en pleno estado de alarma», ya que ellos no se pueden mover. Su madre aún está aislada, sin síntomas (tuvo febrícula), pero con un positivo PCR en la residencia, mientras que su padre está aislado en un sociosanitario.


Milagros, que también sufrió agresiones en la residencia el año pasado en la misma planta donde hace tres meses trascendieron las violaciones a la otra mujer, no tuvo la misma suerte y fue de las primeras personas a morir con Covidien-19 dentro de la residencia. Por ahora, según el recuento de los familiares en contacto con la residencia, han muerto 26 personas, aunque la última no se les ha notificado y Salud sólo contabiliza 22, según el correo facilidad al AHORA. Las agresiones a la Milagros, que se hicieron públicas para audios divulgados en La Sexta, fueron con la presión de las familias los detonantes para que la Generalitat accediera a avanzar el concurso de la residencia y sacar otra gran empresa, OHL, entonces gestora del centro, para otorgarla a Eulen. Pero el cambio no les ha servido para mejorar.


La hija de la Milagros, Cristina Pérez, asegura que cuatro días antes de su muerte la avisaron a la residencia que estaba «con 40 de fiebre» y que no sabía desde cuándo porque con el reparto de llamadas pasaban días sin hablar . También acusa al anterior médica, que todos los familiares cuestionan, de atribuir todas las fiebres en infecciones de orina sin comprobarlo «y ponía todos los enfermos juntos, por lo que se podían infectar», poco antes de que comenzara la estado de alarma.

El Paco Rodríguez, de hecho, confirma que a su padre, Pedro, se le diagnosticó infección de orina cuando presentó fiebre «y tardaron 9 días a llevarlo a un hospital», explica, y lo demuestra con los correos intercambiados con la médica de Mutuam, empresa también privada subcontratada por la Generalitat para llevar la gestión médica del centro. En el hospital, se le encontraron con una neumonía bilateral e insuficiencia renal, y con una «deshidratación severa» que también demuestra con un informe médico. «Él hacía días que no comía y en las residencias no les pueden abrir vías por la comida, por eso también insistimos en que lo llevaran a un hospital», explica Paco.

Los siete familiares consultados por el ARA coinciden en que la gestión de Eulen es «nefasta», aunque en general reconocen que la nueva directora les dio una mejor impresión y también la nueva doctora. La empresa declinó dar declaraciones al diario ARA. Los familiares creen que «cambiar el soldado», en palabras de María José, no es suficiente. «Si no fueron capaces de controlar violaciones dentro de la residencia y han gestionado así la pandemia, ¿cómo podemos confiar en que gestionarán bien la desescalada y un posible brote en otoño?», Se pregunta. Pide que deje de haber habitaciones dobles para evitar contagios.

Y asegura que el problema es «que una multinacional que quiere hacer negocio no se puede hacer cargo de la salud de nuestros mayores»


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