El capital financiero exige un pacto de Estado para imponer el ajuste

Carta semanal del POSI 787 : 22/27-06-2020

La CEOE ha convocado una cum­bre de empresarios con el obje­tivo, según explica El Periódico, de “consensuar una hoja de ruta común que enarbolar durante el debate de la reconstrucción del país”. Esta cumbre inició sus sesiones el pasado día 15 y tiene previsto seguir hasta el día 25.

La presiden el propio presidente de la CEOE, Garamendi, el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, y se prevé la participación de 131 ponentes, entre los que se encuentran los representantes de la mayoría de empresas del IBEX 35.

Desde el primer día, este foro de empresarios no sólo ha pretendido dic­tar un programa de gobierno sino que exigió un pacto de Estado.

O sea, re­claman al gobierno un acuerdo con los representantes políticos de las ins­tituciones heredadas del franquismo: el Partido Popular. No les basta con el posible pacto sobre los presupues­tos del 2021 con Ciudadanos, ya que son conscientes de que esa “sombra del franquismo” no tiene el necesario peso específico. Puede, sin duda, servir como bisagra o caballo de Troya, para incli­nar al gobierno a abandonar algunas de las medidas incluidas en el acuerdo de coalición, pero el objetivo va más lejos.

El “consenso” que los grandes empresarios piden tiene un contenido preciso

Recordemos el Acuerdo social del 11 de mayo de la patronal con gobierno y sindicatos, que:

Prolongaba los ERTE por fuerza mayor, suprimiendo la obli­gación de mantener el empleo durante seis meses que se introdujo en marzo. Este acuerdo giraba, en los hechos, sobre el mantenimiento en la prácti­ca de la reforma laboral y tuvo, tam­bién, como resultado rebajar las cuo­tas de los empresarios a la Seguridad Social de los 3,5 millones de afectados por los ERTE, que ahora de nuevo pi­den prolongar hasta diciembre.

Las intervenciones en el foro empre­sarial han sido coincidentes y precisas.


Uno tras otro, los grandes empresarios han exigido para las empresas ayudas públicas y menos impuestos, más privatizaciones y mantener, e inclu­so profundizar, la reforma laboral. Más de lo mismo.

Piden «ges­tionar» las ayudas europeas que se su­pone que van a llegar, y que se utilicen en la “colaboración público-privada”

 Unas ayudas que claramente aparecen como subvenciones para reconversiones industriales o de servicios, abriendo una perspectiva sólo comparable al desman­telamiento industrial organizado por el gobierno de Felipe González en los años 80, como “preparación” para entrar en el Mercado Común de la época.


La OCDE ya presentó sus 7 medidas: desde mantener las reformas laborales hasta reducir el gasto (social). Son un se­creto a voces las medidas que pretenden hacer adoptar y que deberían concretar­se en los presupuestos. Y entre ellas se incluye una nueva reforma de las pen­siones, que el ministro Escrivá pretende aprobar en el Pacto de Toledo.

Unanimidad en la prensa portavoz del capital.

El miércoles 17 pudimos comprobar la coincidencia en la misma línea editorial de los principales periódicos, desde La Razón hasta El País.

Así, ABC decía que “Sánchez nece­sita mirar hacia el PP”. La Vanguardia explicaba que “Casado alarga la mano para pactos de Estado y Sánchez recoge el guante”, en tanto que El País habla­ba de “reforma de pensiones, reforma fiscal, nuevo estatuto de los trabajado­res… pacto político en la vía de lo pro­puesto por el Banco de España o el foro de los empresarios”.

Todos ellos son conscientes de la dureza de las medidas de ajuste que según el capital exige una situación en que el gasto público se ha desbocado, mientras los ingresos públicos se des­ploman, en que la deuda externa que ya estaba en el 100% del PIB según todas las previsiones va a remontar hasta el 115 o 120%.

Los portavoces del capital piensan que para esa tarea hay que re­currir a los seguros: el PP amarrando al PSOE.

Argumentan que unas medidas tan duras difícilmente podría aplicar­las un gobierno de coalición con apo­yos parlamentarios precarios y que, en algunos casos, pueden desaparecer en cuanto se planteen recortes sociales.

En sentido contrario argumentan los que dicen que para esas medidas mejor te­ner con el Gobierno a Podemos y a los sindicatos. Para llevarlas a cabo necesi­tan un amplio consenso que implique, además, a los sindicatos a través del “diálogo social”.

La misma polémica se estira cuando algunos dicen que para ir a Bruselas, me­jor no ir de la mano de ERC, a lo que les contestan que los bancos europeos no saben quién es ERC. Los que sí lo saben son la muy rancia casta de los consejos de administración del Ibex 35.

Otros intentan romper la alianza de gobierno, con una campaña que viene expresándose de diferentes maneras desde hace tiempo, y cuyo penúltimo episodio (los documentos de la CIA, sobre el GAL y Felipe González) bus­ca romper la coalición de gobierno y aumentar las contradicciones entre el PSOE y UP, con el objetivo de desalojar a esta última del gobierno.

Volver a la “vieja normalidad”, en condiciones distintas

Qué lejos quedan ya las promesas que nos hicieron al comienzo de la pandemia de que todo iba a cambiar, de que se iba a proteger y recuperar la industria, de que no iba a haber más recortes en la sanidad y los servicios públicos. Que se lo digan, ahora, a los trabajadores de Nissan, de Alcoa, de Iveco, de Continental, que se enfrentan a la vieja práctica de los cie­rres y deslocalizaciones de la industria. Que se lo digan a los sanitarios contra­tados para hacer frente al coronavirus y que ahora están siendo despedidos, a pe­sar de la monstruosa lista de espera que se ha generado en la Sanidad Pública. La “nueva normalidad” se asemeja cada día más a la “vieja”.

El protagonismo de la patro­nal muestra al mismo tiempo que no se siente plenamente representada por las tres derechas de Colon. Una divi­sión de la derecha que en su día ABC calificó de muy negativa. A esto se suma que la Monarquía difícilmen­te puede jugar el mismo papel que el del 3 de octubre de 2017 (contra los catalanes). Por el contrario, hundi­da como está en el parasitismo y la corrupción, pone al Estado en peli­gro, lo que requiere que la arropen el conjunto de las instituciones fran­quistas, desde los jueces hasta el ejér­cito, pasando por las fuerzas de orden público.

Cuando hablan de reconstruir hablan de sus beneficios.

Un pacto de Estado es una apuesta arriesgada y más cuando la mayoría de los trabajadores ya hace el balance de esta crisis: muchos vienen a decir que “quieren hacernos pagar las consecuen­cias, cuando hablan de reconstruir ha­blan de sus beneficios”

Por eso, todos esos planes tropiezan en la misma piedra: la resistencia de la clase trabajadora y de la mayoría de la población en general. Resistencia que se observa en los trabajadores de Nis­san que no se resignan al cierre de su empresa, en las movilizaciones del per­sonal de la sanidad y de la población de los barrios, donde vecinos y vecinas se concentran ante su hospital o su centro de salud, de los pensionistas que procla­man que no van a aceptar ningún recorte de pensiones, de los estudiantes y pro­fesores que exigen revertir los recortes. Del conjunto de la población que se afe­rra a sus conquistas y reivindicaciones.

La responsabilidad de las organiza­ciones que hablan en nombre de la clase trabajadora es dar forma organizada a esa resistencia. De ello depende tam­bién su futuro.


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